Derechos reproductivos
La sentencia anuló las leyes de muchos estados que habían prohibido el aborto, declarando que no podían prohibir el procedimiento antes del punto en el que un feto puede sobrevivir fuera del útero. Ese punto, conocido como viabilidad fetal, se situaba en torno a las 28 semanas cuando se dictó la sentencia Roe contra Wade. Hoy en día, la mayoría de los expertos estiman que se sitúa en torno a las 23 o 24 semanas.
Desde la sentencia Roe contra Wade, el derecho al aborto es una de las cuestiones políticas más polarizantes del último medio siglo. Los ciudadanos y los legisladores tienen firmes convicciones sobre si las personas en edad fértil tienen derecho al aborto. Cuando la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos consideraron que las personas en edad fértil no tienen derecho constitucional al aborto, anularon la sentencia anterior y dejaron en manos de cada estado la decisión de permitir o no el aborto.
Cada Estado puede decidir si el aborto será legal y cuándo. Es probable que la práctica se prohibiera o restringiera fuertemente en aproximadamente la mitad de ellos, pero muchos seguirían permitiéndola. Trece estados han puesto en marcha leyes que prohíben el aborto o lo restringen severamente. Estas leyes entran en vigor inmediatamente o poco después de la anulación del caso Roe contra Wade.
No. Cada Estado decidiría si el aborto es legal y cuándo. Muchos estados seguirían permitiéndolos, pero hasta 26 estados tendrían leyes que restringirían o prohibirían significativamente los abortos dentro de su jurisdicción. Estas leyes varían en amplitud y alcance, desde la prohibición de que los médicos practiquen abortos, la restricción del acceso a la medicación abortiva, la imposición de sanciones civiles y responsabilidad penal a quienes, consciente o inconscientemente, ayuden o instiguen a la interrupción del embarazo, hasta la atribución de "personalidad" en el momento de la concepción. Consulta la legislación estatal para saber qué está permitido, restringido o prohibido. Consulta el sitio web de Planned Parenthood para obtener información estatal.
La mayoría de nosotros asumimos que si viajamos fuera del estado, debemos seguir las leyes de dondequiera que estemos y que las leyes de nuestro estado de origen no se aplican. Sin embargo, no hay ninguna ley establecida que refleje claramente esta interpretación. Aunque hay argumentos sólidos de que varias partes de la Constitución -incluidas la Cláusula del Debido Proceso, la Cláusula de Privilegios o Inmunidades, la Cláusula de Ciudadanía y la Cláusula de Comercio Inmanente- prohíben a los estados ejercer su jurisdicción más allá de sus fronteras, los precedentes sobre estos puntos no están bien desarrollados.
A medida que se endurecen las restricciones al aborto, los legisladores ya están actuando para ayudar a las personas de otros estados que quieren abortar. Connecticut aprobó una ley que hará del estado un lugar seguro para que los proveedores atiendan a personas de otros estados; está a la espera de la firma del gobernador. Consulta la ley para obtener más información. Ya están en marcha iniciativas para aprobar leyes similares en California, Nueva York e Illinois.
Históricamente, los Estados han controlado el aborto mediante el control de los proveedores que realizaban los procedimientos abortivos. Pero el aborto con medicamentos -el régimen de dos fármacos que la FDA ha aprobado para interrumpir un embarazo en las 10 primeras semanas- ya se puede comprar por correo. Las personas que viven en un estado donde el aborto es ilegal pueden comprar píldoras abortivas en Internet, por su cuenta o con la ayuda de proveedores internacionales. Y las pacientes han encontrado formas de obtener píldoras abortivas por telesalud incluso cuando viven en estados que prohíben esta práctica, utilizando el reenvío de correo o facilitando la dirección de un amigo o familiar que pueda hacerles llegar la medicación.
Esto expone a los pacientes, sobre todo a los más vulnerables, a diversos riesgos legales. Pero como los funcionarios estatales y locales no pueden saber qué contiene un paquete (ni tienen autoridad legal para inspeccionarlo sin una sospecha específica y una orden judicial), será difícil vigilar las píldoras enviadas por correo.
Las siguientes preguntas y respuestas ponen de relieve las cuestiones clave que afectan al lugar de trabajo ahora que se ha anulado el caso Roe contra Wade. Para más información, véase el artículo de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos.
¿Pueden los empresarios discriminar a las empleadas que abortan?
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendado por la Ley de Discriminación por Embarazo de 1978, protege a las mujeres embarazadas contra la discriminación y el acoso en el trabajo por motivos de embarazo, parto o problemas médicos relacionados, entre los que se incluye el aborto. Consulta workplacefairness.org para obtener más información sobre la discriminación.
¿Puede un plan de seguro médico colectivo de una empresa excluir la cobertura del aborto?
Los empresarios han confiado tradicionalmente en las leyes federales que rigen los planes de salud patrocinados por la empresa, incluida la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974 (ERISA), para adelantarse a las leyes estatales que intentan regular los planes de prestaciones patrocinados por la empresa. Sin embargo, las empresas no deben suponer que la primacía de ERISA proporciona una protección total contra todas las leyes estatales relativas a los planes de prestaciones de los empleados. Por ejemplo, ERISA no se impone a las leyes estatales sobre seguros. Los planes de las empresas que proporcionan cobertura médica a través de la compra de seguros (en lugar de autofinanciar las prestaciones médicas de los empleados) están sujetos a las leyes y reglamentos de seguros estatales aplicables, que pueden prohibir la cobertura de los servicios de aborto u otros servicios sanitarios. Además, no existe una jurisprudencia federal clara que se ocupe de la primacía de ERISA sobre las leyes estatales que intentan imponer responsabilidad penal con respecto a las prestaciones proporcionadas en virtud de un plan de salud de ERISA (como los estatutos penales que penalizarían a las personas que ayudan e instigan abortos). Por último, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 no obliga a las empresas que ofrecen seguros de enfermedad a pagar la cobertura de los abortos, salvo cuando la vida de la madre corra peligro si el feto llega a término, o cuando surjan complicaciones médicas a raíz de un aborto. La ley también permite a las empresas ofrecer un seguro médico que cubra el aborto si así lo desean.
¿Deben los empresarios mantener en secreto la información relativa al aborto de una empleada?
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 o las leyes estatales sobre discriminación si se utilizan contra un empleado. Consulta workplacefairness.org para obtener más información sobre la discriminación.
La norma de privacidad de la HIPAA obliga a las empresas a mantener la confidencialidad de la información médica de los empleados derivada directamente del plan de salud colectivo. Sin embargo, cuando un empleado simplemente informa a la empresa de un problema de salud que tiene o de un tratamiento que ha recibido, esa información no está protegida por la HIPAA. Consulte workplacefairness.org para obtener más información sobre la privacidad en el lugar de trabajo.
¿Pueden los empresarios pagar legalmente el viaje de una empleada a otro Estado para abortar?
En la mayoría de los casos, habrá algún vehículo que un empleador pueda utilizar para pagar el viaje de una empleada a otro estado para someterse a un aborto. Ya sea a través de un plan de salud colectivo, un plan médico flexible o algo ajeno a una prestación relacionada con la salud, habrá que tener en cuenta las cuestiones de cumplimiento y/o fiscalidad. Todas las empresas deben consultar a su abogado antes de implantar una prestación de este tipo para garantizar su cumplimiento y mantenerse al corriente de cualquier novedad jurídica que pueda afectar a esa política.
Pagar los viajes puede plantear problemas legales y de privacidad a las empresas. Para evitarlo, algunas empresas utilizan plataformas de estipendios de terceros. Aunque suelen utilizarse para categorías amplias, como los gastos de oficina en casa o los beneficios de bienestar, algunas plataformas también incluyen la asistencia sanitaria. Por ejemplo, Level ofrece un programa de prestaciones para viajes por motivos médicos que permite a los empleados pagar los gastos de sus viajes por motivos de salud directamente con una tarjeta, sin tener que facilitar datos médicos, presentar recibos o recibir reembolsos, ni relacionarse directamente con su departamento de RRHH.
¿Tienen derecho los empleados a hablar de derechos reproductivos en el lugar de trabajo?
En general, no. Muchos empleados creen que tienen derecho a la libertad de expresión en el lugar de trabajo, pero eso no es cierto. Los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda se refieren a que el gobierno no puede prohibir la libertad de expresión, no los empleadores privados. Incluso los empleadores públicos pueden disciplinar la expresión de los empleados para garantizar el funcionamiento eficaz de sus oficinas. Véase First Amendment Protects Against Viewpoint Discrimination.
Sin embargo, los empresarios no pueden limitar todas las expresiones de los empleados. La Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) exige tanto a las empresas sindicadas como a las no sindicadas que permitan "actividades concertadas protegidas", lo que podría incluir que los empleados hablen de temas relacionados con los "términos y condiciones" del empleo, como la cobertura del seguro de grupo para abortos o los gastos de viaje relacionados. Para más información sobre la NLRA, consulte workplacefairness.org.
¿Se debe permitir a los empleados exhibir carteles o llevar pins o camisetas con opiniones relacionadas con los derechos reproductivos en el lugar de trabajo?
En general, no, pero se necesita una política clara que indique qué adornos y ropa están permitidos, y una aplicación coherente de la misma. Si, por ejemplo, se permite a un empleado llevar un botón que promueva los derechos LGBTQ, pero no los derechos reproductivos, eso podría ser discriminatorio.
A partir de ahora, las compañías de seguros médicos tendrán que hacer frente a una nueva serie de normativas estatales relacionadas con el aborto. Las compañías pueden hacer varias cosas para resolver este problema. Pueden añadir la cobertura de los gastos de viaje para someterse a procedimientos médicos, incluidos abortos, que no estén disponibles en las cercanías, o garantizar que las prestaciones por baja parental y cuidado de los hijos satisfagan las necesidades de las nuevas madres que puedan ser solteras o pobres. Para más información, consulte la Society for Human Resource Management.
Sí. Algunas de las consecuencias económicas de que se te deniegue un aborto incluyen una mayor probabilidad de estar en la pobreza incluso cuatro años después; una menor probabilidad de tener un empleo a tiempo completo; y un aumento de las deudas impagadas y las dificultades financieras que duran años.
Los Estados en los que el aborto es legal y accesible tienen tasas más bajas de primeros nacimientos y matrimonios entre adolescentes. La legalización del aborto también se ha asociado a una reducción de la mortalidad materna entre las mujeres negras en edad fértil. Se ha comprobado que la posibilidad de retrasar el nacimiento de un hijo se traduce en un aumento significativo de los salarios y los ingresos laborales, especialmente entre las mujeres negras, así como en una mayor probabilidad de alcanzar un nivel educativo. Para más información, véase el blog del Instituto de Política Económica y el informe amicus curiae Dobbs v. Jacksonville Women's Health Organization.
El 8 de julio, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva por la que se ordena a los organismos federales que tomen medidas a su alcance para salvaguardar los abortos y los servicios de salud reproductiva, lo que incluye garantizar la disponibilidad de medicamentos anticonceptivos de emergencia y ofrecer protección jurídica a las pacientes y los proveedores de abortos de otros estados. Además de la orden ejecutiva, la Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre sus esfuerzos para proteger el acceso a los abortos legales.
El 8 de julio, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva por la que se ordena a los organismos federales que tomen medidas a su alcance para salvaguardar los abortos y los servicios de salud reproductiva, lo que incluye garantizar la disponibilidad de medicamentos anticonceptivos de emergencia y ofrecer protección jurídica a las pacientes y los proveedores de abortos de otros estados. Además de la orden ejecutiva, la Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre sus esfuerzos para proteger el acceso a los abortos legales.
El 8 de julio, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva por la que se ordena a los organismos federales que tomen medidas a su alcance para salvaguardar los abortos y los servicios de salud reproductiva, lo que incluye garantizar la disponibilidad de medicamentos anticonceptivos de emergencia y ofrecer protección jurídica a las pacientes y los proveedores de abortos de otros estados. Además de la orden ejecutiva, la Casa Blanca publicó una hoja informativa sobre sus esfuerzos para proteger el acceso a los abortos legales.
